La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado el Plan de Residuos Industriales No Peligrosos de Castilla y León 2002-2010, dando así la razón a la Federación Ecologistas en Acción y en consonancia con una sentencia anterior por la que también anuló el Plan Regional de Residuos Urbanos y Residuos de Envases.

El fallo del alto tribunal castellanoleonés, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, supone un nuevo revés para el anterior equipo en la Consejería de Medio Ambiente encabezado por la ya ex titular de esta cartera, Silvia Clemente, y deja sin efecto el Plan de Residuos Industriales No Peligrosos por considerar que ha de tener un carácter normativo y no programático y, además, tenía que haber cumplimentado en su tramitación una serie de requisitos para dar participación a ciudadanos y entidades interesadas.

Por todo ello, el TSCJyL, con sede en Valladolid, anula el referido plan aprobado en noviembre de 2002 e impone las costas procesales a la propia Administración regional.

Tras conocer la sentencia, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, de la que es actual titular María Jesús Ruiz, expresaron su respeto y acatamiento pero, al igual de lo manifestado cuando se conoció la anulación del plan de residuos urbanos y de envases, advirtieron de que "no tendrá ningún tipo de repercusión ya que no existen instalaciones de residuos industriales no peligrosos en la Comunidad".

Las mismas fuentes apuntaron que la política de residuos de la Consejería de Medio Ambiente se mantiene vigente de acuerdo con la Estrategia Regional de Residuos aprobada por decreto de mayo de 2002 y que no ha sido recurrido ante instancia judicial alguna.

El Plan de Residuos Industriales de Castilla y León fue aprobado el 7 de noviembre de 2002 por el Consejo de Gobierno y establecía como objetivos la reducción en un 45 por ciento de los residuos peligrosos (133.050 toneladas en 2000) y del 30 por ciento de los no peligrosos (2.761.200 generados el mismo año), una gestión que abarque al cien por cien de los productores y el aumento del reciclado (aluminio, baterías, industria fotográfica o aceites).

Otra de las novedades de este plan era la firma de convenios con otras comunidades para la entrada y salida de residuos con objeto de tratarlos, al tiempo que se contemplaban tres instalaciones para tratar los desechos no peligrosos: una en el eje Medina del Campo, Palencia, Burgos, cerca de Aranda de Duero, para dar servicio a Segovia y Soria, donde se ubicaría un centro para tratar 1.500.000 toneladas.

Las otras dos estarían en el centro geográfico León, Ponferrada, Benavente, con influencia en el norte de Palencia, y en Salamanca, para recibir desechos de Avila, Salamanca y Zamora, con una capacidad de recepción de 500.000 toneladas cada una.

No obstante, la entonces consejera Silvia Clemente subrayó que la ubicación exacta de las instalaciones se determinaría conforme a la declaración de impacto ambiental y aspectos económicos y sociales.

Durante la vigencia del Plan se preveían 90,36 millones de euros, de los que el 71 por ciento, es decir 64,13 milones serían aportados por la iniciativa privada, y el resto, 26,17 millones de euros, por la Administración pública, lo que tendría un efecto entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo en el mercado de gestión y reciclaje.