El gobierno desde una óptica eclesial.

Isabel y su consorte Fernando llegan al gobierno de sus reinos desde una experiencia amarga de anarquía y guerra. Y se proponen conseguir un nuevo orden político; un propósito relativamente viable para el Reino de Castilla; muy poco esperanzado por los reinos de la Corona de Aragón. Capítulos de este proyecto son la paz pública en las zonas más conflictivas como Galicia y la franja norte peninsular; las instituciones públicas de justicia, fiscalidad y administración municipal; la promoción de la educación mediante nuevas instituciones escolares; la mejora de la salud con una reorganización de la estructura hospitalaria . Se trata de muchas iniciativas nuevas y sobre todo de reajustes traumáticos en muchas instituciones de tipo señorial que nunca habían sido afectadas por la intervención de los organismos de la corona, en especial por la creciente intervención del Concejo Real y de las nuevas Audiencias. En estas reestructuraciones están presentes los criterios eclesiales tradicionales que el cuerpo eclesial venía aplicando desde siglos. Los reyes modernos no tienen otros criterios no otros procedimientos. Tampoco pueden invocar otra moral que la establecida por los teólogos, canonistas y moralistas, como lo había hecho en su día el Rey Sabino en sus textos legislativos. Isabel busca ajustarse a estos principios guiada por maestros mendicantes como los obispos Diego de Deza y Pascual de Ampudia, leales a la corona pero firmes en la proclamación de los grandes principios de la moralidad pública. En su Testamento da fe de esta voluntad y también de sus vacilaciones morales en puntos poco claros como la fiscalidad avasalladora de las alcabalas o la supremacía jurisdiccional que recomendaban sus legistas frente a las instituciones eclesiásticas.

En el esquema de gobierno de su tiempo el cuadro eclesial es la primera gran realidad de la vida, omnipresente y comprensiva de todas las facetas de la vida pública. Lo representan el papado como autoridad suprema y legitimadora de la cristiandad a la cual se recurre para dar validez definitiva a las iniciativas; la curia romana como cerebro administrativo de la Iglesia, con una incidencia mayor en los temas fiscales, beneficiales, jurisdiccionales y doctrinales de cuyas decisiones dependen las personas de los clérigos y de los fieles en comportamientos, derechos y economías; los prelados, a la vez señores temporales y pastores en distritos bien determinados, a cuyas órdenes están los esbatimentos clericales y las asociaciones de fieles, por lo que su provisión y gobierno representan un capítulo primario de gobierno público; las instituciones religiosas regulares y laicas que son las fuerzas más vivas y eficaces en el campo del testimonio cristiano, sobre todo en los valores religiosos y en la labor asistencial y educativa por entonces exclusiva de las iglesias; los fieles que insertan por entero su vida en la normativa eclesiástica, en la práctica sacramental, en la celebración litúrgica, en el asociacionismo religioso y de esta permanencia hacen confesión pública ordinaria a lo largo de su vida y solemne en los testamentos.