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05-04-14 - La ordenación del territorio tiene ya el primer mapa de servicios en Valladolid

Contempla un pueblo de León y cuatro de Segovia en dos unidades básicas vallisoletanas

J. I. FOCESVALLADOLID

Veintidós unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales y tres urbanas. Así quedará dividida la provincia de Valladolid en lo que a la prestación de servicios de la Administración de Castilla y León se refiere si, finalmente, el borrador que ayer vio la luz en una mesa institucional de negociación supera el procedimiento que contempla la legislación regional para este tipo de iniciativas políticas y que incluye la consulta a todos los ayuntamientos, a las diputaciones interesadas, a todos los habitantes de los municipios que compongan las mismas, la Administración regional y las Cortes.

Nueve dirigentes políticos se reunieron ayer en la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, en el complejo administrativo de La Asunción, en Valladolid. Tres por parte del Gobierno autonómico: el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez; la viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, María José Salgueiro, y el director general del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago.

Cuatro por parte del grupo parlamentario socialista y la ejecutiva regional de este partido: Julián Simón de la Torre, secretario de Organización y mano derecha de Julio Villarrubia en el partido; Ana Redondo, viceportavoz, vicesecretaria y mano derecha de Óscar López en el grupo parlamentario y en la ejecutiva; José Francisco Martín, secretario general del grupo parlamentario del PSOE, y Francisco Ramos, procurador socialista y experto de su partido en política municipal.

Y dos por parte del grupo parlamentario popular: el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, presidente del PP de Palencia, y Juan José Sanz Vitorio, viceportavoz.

El encuentro era el tercero de los que celebraban populares y socialistas en la sede de la Junta desde que el secretario regional del PSOE, Julio Villarrubia, comunicara hace unos meses a Juan Vicente Herrera que sería él quien decidiera qué procuradores del PSOE negociarían el desarrollo de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio que el presidente Herrera y José Antonio de Santiago-Juárez habían pactado con Óscar López, portavoz socialista en julio pasado y que provocó una durísima fricción política entre las dos cabezas visibles del PSOE regional.

A esta tercera reunión, según las fuentes parlamentarias consultadas, se incorporó la viceportavoz Ana Redondo, que había estado ausente de las otras dos. Éstas, a su vez, no habían permitido ningún avance en la materia puesto que los socialistas exigieron analizar primero la compatibilidad de la Ley regional de Ordenación del Territorio con la reforma nacional de la Ley de Régimen Local. Cuando la Junta le presentó al PSOE un informe de sus Servicios Jurídicos respaldando la plena compatibilidad de ambas normas legales, los socialistas pidieron aplazar el encuentro y han tardado casi un mes en proponer a la Junta de Castilla y León el volver a sentarse para seguir trabajando en la materia.

El primer mapa

Y en el encuentro de ayer surgió la noticia. Los tan esperados mapas. O, para ser más exactos, el primero de los tan esperados mapas, a tenor de la información que puso sobre la mesa el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, padre político de la revolucionaria reforma territorial que impulsan Herrera y el PP.

¿Para qué los mapas? La esencia de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio es la racionalización de la prestación a los ciudadanos de las funciones que tiene encomendadas la Junta de Castilla y León y que son, precisamente, las que afectan a las materias más esenciales: Sanidad, Educación, Dependencia, etc.

La Junta quiere conseguir mantener la prestación de servicios sin perder calidad, pero con el menor coste posible. A la vez, evitar disfunciones que hagan que los ciudadanos del medio rural tengan que desplazarse más kilómetros para recibir en condiciones cualquier servicio por pertenecer a una provincia, cuando resulta que en la de al lado pueden tenerlo más cerca.

¿Es esto la cuadratura del círculo? No. Es simplemente, como recogen el espíritu y la letra de la ley respaldada por PP y PSOE en julio en las Cortes, aplicar la razón a la gestión y tratar de reducir al máximo los gastos, pero sin recortar los niveles de calidad. Y, además, intentar conseguir que no haya diferencias entre los ciudadanos del medio rural y los del urbano.

Así las cosas, Valladolid y Palencia eran las provincias que, al parecer, inicialmente menos problemas administrativos, territoriales y políticos ofrecían a la hora de diseñar las primeras redistribuciones de los servicios de la Junta en las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales. De estas dos provincias, al final se ha optado por empezar el mapa de la de Valladolid por sus condiciones territoriales, geográficas, municipales (no hay entidades locales menores) y sociales.

De acuerdo con los criterios marcados por la ley regional en su artículo 4, las unidades básicas rurales se establecen por número de habitantes, un mínimo de 5.000 y un máximo de 30.000 de población total; o en función de la dispersión, que tenga la unidad una densidad menor de 15 habitantes por kilómetro cuadrado y al menos agrupe a cinco municipios. Además, la ley pactada por el PP y el PSOE permite que municipios de distintas provincias puedan pertenecer a la misma unidad básica, primando así el acceso al servicio por encima de la ubicación provincial de la localidad.

25 unidades en Valladolid

Con estos parámetros, en Valladolid resultan 22 unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales y 3 urbanas (cada municipio de más de 20.000 habitantes). El mapa de la página anterior recoge la distribución de los 225 municipios y 9 pedanías de Valladolid en esas 25 unidades. Y la peculiaridad de que un pueblo de León, Izagre, estará integrado en una unidad vallisoletana; cuatro de Valladolid (La Unión de Campos, Urones de Castroponce, Roales y Quintanilla del Molar) estarán en su día integrados en una unidad básica rural de León –posiblemente la que tendrá centro en Valderas–; y cuatro de Segovia (Fuente el Olmo de Íscar, Mata de Cuéllar, Remondo y Villaverde de Íscar) estarán ubicados en la que tendrá como centro la villa de Íscar.

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08-07-14 - La revolución pendiente en Castilla y León ya está en marcha

La Junta aprueba el proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio

Herrera y De Santiago-Juárez inician el plan de actualización del reparto territorial de las competencias recibidas desde 1983, que culminará en 2016

J. I. FOCES | VALLADOLID

La revolución ha comenzado. La territorial, claro. En época de crisis, cuando los clásicos recomiendan no hacer mudanza, Juan Vicente Herrera y su mano derecha e izquierda en el Gobierno regional, el consejero de la Presidencia José Antonio de Santiago-Juárez, pusieron ayer en marcha un proceso de modernización y cambio que en tres años habrá provocado un giro absoluto a la concepción actual del mapa de reparto de servicios autonómicos en Castilla y León. Adiós a al canon clásico del movimiento político (en época de tribulación, no hacer mudanza). Comienza el cambio. Precisamente, de la mano de la tribulación (crisis económica). La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar un proceso de eficiencia en la prestación de los servicios públicos autonómicos, entre los que están los tres esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. No se puede gestionar con la mentalidad de hace 30 años. Desde 1983 se han creado multitud de mapas de distribución de servicios que hoy necesitan de una modernización y actualización para racionalizarlos, reducir sus costes, prestarlos con mayor eficacia y evitar gastos innecesarios. Todo para garantizar que llegan a todos los ciudadanos con similar calidad. Arranca la revolución pendiente, la territorial.

Obligatorio punto de partida

Para que el lector alcance a ver la dimensión del proceso que puso ayer en marcha la Junta de Castilla y León, con la aprobación del proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, es necesario que ponga el cuentakilómetros mental a cero. Esta es la premisa de partida: desde que en 1983 comenzó el traspaso de competencias a Castilla y León, cada una que llegaba se aplicaba en el territorio de una manera. La sanidad, con las zonas de salud; los servicios de salud animal, con las unidades veterinarias; la enseñanza, con los centros educativos por niveles; los servicios sociales, con otro mapa;... Y así sucesivamente, hasta tener tantos mapas como competencias.

Esa es la premisa de partida del proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio: ordenar esos mapas. ¿Así de fácil? No, así de complicado. Porque lo que se quiere es que los habitantes de los 2.248 municipios de Castilla y León (el 27% de los municipios de España) y de sus 2.226 entidades locales menores (dos de cada tres de las que hay en España), en 95.000 kilómetros cuadrados, reciban de la Junta los mismos servicios, con la misma calidad y al coste más óptimo de los posibles.

De aquí a tres años desaparecerán las zonas básicas de salud tal y como están en la actualidad. Y desaparacerán las zonas educativas que conocemos. Y se acabará con el reparto de los servicios sociales tal y como se aplica en la actualidad. Y con las zonas agrarias. Y así con todo. ¿Qué se pretende que haya más o menos en 2016? Pues una distribución racional de los servicios autonómicos que para ser efectiva necesita de dos nuevos instrumentos: las Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y las áreas funcionales.

Las unidades básicas

La célula del territorio será a partir de ahora la unidad básica. ¿Qué será una unidad básica? El conjunto de localidades a las que se ofrecerá desde la Junta los mismos servicios. Imagine el lector que se hubiera decidido hacer todo sobre la base de las zonas de salud; pues bien, cada una de estas sería una unidad básica. No va a ser así, pero se entiende mejor con este ejemplo.

El nuevo modelo contempla dos tipos de unidades básicas: las urbanas y las rurales. Empezando por lo fácil, hay 15 ciudades de más de 20.000 habitantes: las nueve capitales, Ponferrada, Miranda, Aranda, Laguna, Medina del Campo y Benavente. Estas 15 serán unidades básicas urbanas de ordenación y servicios de la Junta.

Y habrá decenas de unidades básicas de ordenación y servicios rurales. ¿Cómo se crearán? De dos formas: O juntando pueblos que sumen más de 5.000 habitantes y menos de 30.000; o bien, uniendo al menos 5 municipios.

Constituidas las unidades básicas urbanas y las rurales, la Junta irá volcando en ellas sus servicios, de forma homogénea, los mismos servicios para todos los habitantes: médicos, veterinarios, farmacéuticos, oficinas agrarias, maestros, colegios, etc... Los mismos servicios a todos los ciudadanos, al margen de donde residan en la comunidad.

Áreas funcionales

Para las localidades que se agrupan en torno a las 15 grandes ciudades o para casos especiales (catástrofe natural, deslocalización de empresas,...), la ley aprobada ayer contempla otro instrumento de agrupación en el territorio: las áreas funcionales. Las primeras se llamarán estables; las segundas, estratégicas.

Las áreas funcionales estables serán la gran localidad y lo que ahora se llaman sus alfoces: cada una de las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes y sus municipios en un entorno de 15 kilómetros, con los que mantienen diariamente relaciones estables y permanentes.

Las áreas funcionales estratégicas se crearán cuando haya unas condiciones excepcionales, por ejemplo, gran cantidad de pueblos afectados por inundaciones, por incendios forestales -lo que en la legislación estatal se conoce como zona catastrófica-, o por la marcha de una gran empresa. Situaciones que obliguen a la Junta a poner en marcha unos planes especiales de inversión que no son necesarios en otras.

Ojo, en un área funcional, sea estable o estratégica, habrá varias unidades básicas rurales, lógicamente.

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08-07-14 - La Junta ordena los servicios que afectan a 1,6 millones de habitantes

El consejero de la Presidencia presenta los trece mapas de las áreas funcionales estables tras reunirse con los alcaldes de los núcleos que superan los 20.000 habitantes

SONIA ANDRINO

Consejero
El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez. / ICAL

LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La nueva Castilla y León, la que el consejero de la Presidencia denominó «la comunidad del Siglo XXI» progresa adecuadamente. Los alcaldes de las nueve capitales de provincia de la comunidad y las cuatro ciudades de más de 20.000 habitantes se han reunido esta mañana en la sede de la Consejería de la Presidencia para avanzar en la ordenación del territorio. El titular de este departamento, José Antonio de Santiago-Juárez, les ha entregado los trece mapas de cada una de las denominadas áreas funcionales estables que recogen una ampliación de los servicios que se prestan en el núcleo de esas zonas (la capital o el municipio más poblado) y que se amplian a los municipios colindantes inmediatos y a los que se encuentran a un radio de 16 kilómetros desde ese núcleo.

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Según el consejero, este paso afecta a la prestación de servicios de 1,6millones de habitantes de la comunidad, más de la mitad de Castilla y León.

La Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio contempla dos tipos de zonas, las áreas funcionales estables, que son zonas que comparten elementos comunes de cercanía y busca que los servicios que están en la capital puedan prestarse en los pueblos con la misma calidad dada la proximidad con el núcleo urbano más poblado, y por otro, las áreas rurales que abogan por la unión voluntaria de municipios con un mínimo de 5.000 habitantes o cinco núcleos urbanos.

Financiación de los municipios

Los documentos entregados por De Santiago-Juárez podrán ser analizados durante los próximos dos meses por los municipios afectados y por las diputaciones provinciales aunque también podría ser consultado en la pagina web de la Junta en el denominado espacio Gobierno Abierto. «Es la manifestación de que algunos están a sus cosas mientras los demás estamos trabajando por la comunidad» ha dicho el consejero en referencia a la situación interna del PSOE que no ha escatimado en dar plazos para que la norma esté aprobada a finales de año y en ese sentido, «si tenemos interlocutor, cuando llegue a las Cortes en el mes de septiembre, se enviará como una norma con rango de ley» pero además, en ese mes se remitirá un proyecto de ley que va a regular la cooperación económica con las administraciones locales.

Esto significa que con esta medida «se va a elevar a rango de ley y se va a incorporar la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad». Y en ese proyecto de ley se incluirán los criterios de distribución de los fondos económicos entre los municipios. Uno de estos criterios será el que se haya avanzado y aprobado los mapas entregados hoy, es decir, que el municipio de turno haya avanzado en la inclusión en este mapa. Y si no les diese tiempo a tenerla en septiembre se incluiría en la ley de acompañamiento de los presupuestos «porque así se garantiza que en septiembre está aprobada», ha dicho De Santiago.

Según el consejero de la Presidencia, lo que se ha entregado esta mañana supone un «espacio de ordenacion» de los dos que hay que desarrollar en la ley. El segundo es el de las unidades básicas de ordenacion rural que supondrán los siguiente pasos en la evolución de la norma.

Por provincias

MAPAS

PDF: Ordenación en Aranda de Duero
PDF: Ordenación en Ávila
PDF: Ordenación en León
PDF: Ordenación en Medina del Campo
PDF: Ordenación en Miranda de Ebro

PDF: Ordenación en Palencia
PDF: Ordenación en Ponferrada
PDF: Ordenación en Salamanca


PDF: Ordenación en Segovia


PDF: Ordenación en Soria


PDF: Orenación en Zamora


PDF: Ordenación en Valladolid

Los mapas recogen un nuevo reparto de los servicios que presta la Administración regional sobre el territorio y que, en el caso de Ávila, dibuja un mapa que incluye en el área funcional a la capital, una veintena de municipios colindantes y otros cinco, que se encuentra en un radio próximo inferior a los 16 kilómetros.

En la provincia de Burgos, la Junta de Castilla y León recoge tres áreas funcionales estables, la de la capital, la de Miranda de Ebro y la de Aranda de Duero. En el primer caso, se incluye a la ciudad burgalesa con trece municipios colindantes y otros dieciséis próximos; en Miranda de Ebro, además de esta localidad, compartirán servicios con otros tres municipios colidantes (entre ellos el Condado de Treviño) y otros tres próximos. Y finalmente en Aranda de Duero, el radio de acción contempla esta localidad y otros trece municipios colindantes y nueve próximos.

En León, la Administración regional ha determinado dos áreas funcionales, una la de León-SAR (San Andrés del Rabanedo) que reúne a los dos núcleos grandes del entorno de la capital, y la segunda, la de Ponferrada. En el primer caso, a los dos municipios ya mencionados se unen otros siete inmediatos y siete próximos. En el área de Ponferrada se contemplan otra docena de localidades inmediatas y siete próximos.

Palencia contempla una única área funcional estable que nace en la capital palentina y reúne a otras nueve localidades inmediatas y otra decena de muncipios próximos.

En Salamanca también se ha pintado un único mapa de estas características en el que se contempla la capital charra junto a una docena de localidades inmediatas y otras quince próximas.

Para prestar los servicios en la provincia de Segovia, la Junta de Castilla y León contempla una única área funcional estable que reúne, en torno a la capital, a otros dieciséis municipios inmediatos y otros once próximos.

Tampoco en Soria hay más de una área funcional estable. La que se ha dibujado en el mapa entregado esta mañana a su regidor contempla el entorno de la capital junto a ocho municipios inminentes y otros siete ubicados en un radio inferior a los 16 kilómetros.

En el caso de Valladolid, la Administración regional ha distribuido dos áreas funcionales estables: la de la capital junto con Laguna de Duero, y la de Medina del Campo. En la primera de ellas se contempla la prestación de servicios en un radio que recoge la ciudad de Valladolid y Laguna de Duero junto a los municipios del alfoz que suman, en total, quince municipios inmediatos y siete próximos. En Medina del Campo, el radio contemplado en el mapa recoge este municipio como epicentro y otros doce localidades inmediatas y ocho próximas.

Finalmente en Zamora, el mapa entregado esta mañana dibuja la zona comprendida entre la capital y 16 municipios inmientes y otros once próximos.

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